febrero 24, 2013

Crónicas parlamentarias Episodio 0. La “Nueva Ley” de Amparo

 

Con esta entrada inauguro, la serie de crónicas parlamentarias que comenzaré a reseñar sobre el trabajo legislativo que se lleva a cabo en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, Coincido con Quevedo al decir que “lo bueno si breve, dos veces bueno”, por lo que las líneas que publicaré dentro de este espacio serán puntuales, concisas e incisivas, alejadas del barroquismo semántico y el formalismo jurídico que suele caracterizar los reportes de la discusión parlamentaria.

En el inicio de este segundo período ordinario de sesiones del primer año de la LXII Legislatura, se ha discutido y aprobado las modificaciones a Ley de Amparo, figura venerada y calificada por los clásicos procesalistas de antiguo cuño como “la joya de la corona del sistema jurídico mexicano”. Es importante destacar que la obligatoriedad de dichas modificaciones obedecen al artículo transitorio segundo de la reforma constitucional en materia de amparo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de junio del 2011.

Para cualquier abogado, conocedor de las tendencias novedosas del derecho procesal constitucional en el mundo, el denominado “juicio de amparo” era un mecanismo procesal anacrónico, propio de los estándares del Estado legalista del siglo XIX. En sentido, bajo la óptica de la trilogía estructural  de Ramiro Podetti: “acción, jurisdicción y proceso”[1], dentro de los principios anacrónicos modificados sustancialmente por el Dictamen aprobado en la sesión del pasado martes 12 de febrero, que regían la acción, el juicio y la sentencia de amparo, se destacan el cambio de graduación del interés jurídico a interés legítimo como presupuesto procesal para promover amparo y la modificación de efectos particulares a efectos generales de la sentencia.

El presupuesto procesal del interés jurídico como requisito de procedencia de la acción de amparo, superado desde hace unos años por la vía jurisprudencial que señaló que el interés legítimo es suficiente para la procedencia de la citada acción[2]. Dicho graduación del interés, con el Dictamen aprobado, ahora se ha convertido en el nuevo estándar de presupuesto procesal de procedencia.[3] Como anécdota parlamentaria sobre este punto, cabe destacar que una joven diputada del Partido Movimiento Ciudadano presentó una reserva al dictamen para modificar dicho graduación del interés, al considerar que bastaba el interés simple para la procedencia del mismo, lucha que resultó infructuosa al ser batida estrepitosamente en la votación de la misma.

El “venerado” principio de la relatividad de la sentencia de amparo, conocido en el foro jurídico nacional bajo la denominación de la “Fórmula Otero” y en términos mas precisos dentro de la doctrina procesal contemporánea como “los efectos particulares de la sentencia de amparo”. Alrededor de este principio, ríos de tinta fueron escritos por los más brillantes abogados del antiguo régimen revolucionario que alababan la “grandeza jurídica”  y la “clarividencia procesal” de Mariano Otero, uno de los políticos de la primera generación liberal del siglo XIX,  para otorgarle “certidumbre y estabilidad” al sistema jurídico mexicano con el objeto de que el amparo no se convirtiera en un instrumento que pervirtiera el orden constitucional con la anulación general de las leyes emanadas del Congreso. Sobre este principio cabe destacar que tuvo su origen la Constitución del estado de Yucatán de 1840, posteriormente añadido a nivel federal con el Acta de Reformas de 1847 e incluido definitivamente en el artículo 102 de la Constitución de 1857.

Sirva este recuento histórico para señalar que en pleno siglo XXI, sigue operando una principio procesal creado bajo los estándares del denominado Estado legalista del siglo XIX, cuyo anacronismo jurídico era evidente para los parámetros del Estado garantista contemporáneo. Por lo tanto, uno de los grandes avances del dictamen aprobado son los efectos generales de la sentencia de amparo, con la excepción de la materia fiscal. Sobre este punto, el razonamiento que motivó dicha excepción, es la posibilidad de que se pudiera ocasionar inestabilidad financiera en el sistema fiscal mexicano al otorgar efectos generales a las sentencias y con ello, la posibilidad de que cualquier contribuyente dejará de pagar cualquier tipo de contribución bajo una sentencia de un tercero. Al final, los beneficiados con esta excepción son los abogados postulantes en materia fiscal que seguirán generando ingresos por cada amparo promovido en contra de las disposiciones fiscales.

Finalmente, es importante destacar la inclusión del control de convencionalidad a través del cual los actos de autoridades, sentencias judiciales y normas impugnadas podrán ser sujetos de un escrutinio jurisdiccional vis a vis los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Sobre este punto, cabe señalar que la ley se encuentra un paso detrás de la interpretación jurisprudencial del ya reconocido control de convencionalidad por la Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el Expediente Varios 912/2010.

Esta breve aproximación al Dictamen aprobado ilustra que la denominada “Nueva Ley de Amparo” representa un cambio trascendental para el sistema jurídico mexicano, ya  que a partir de ahora, la naturaleza jurídica del amparo como garantía constitucional queda plenamente fortalecida, misma que es caracterizada por la doctrina como un mecanismo procesal de control constitucional. Un avance que debemos celebrar para la eficacia de la protección de los derechos fundamentales en México.

 

Mario Fernández Márquez. @MarioFM

Abogado. Estudiante de Harvard Extension School.



[1] Sobre esta concepción doctrinal del proceso que originó una revolución en la ciencia del derecho procesal sugiero abundar en: PODETTI, Ramiro, “Teoría y Técnica del proceso civil y trilogía estructural de la ciencia del proceso civil”, Ed. Ediar, Buenos Aires., 1963.

[2] Revisar las tesis aisladas bajo los rubros: INTERÉS LEGÍTIMO. EN QUÉ CONSISTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1908); e, INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SUS CARACTERÍSTICAS (10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1391).

[3] A mayor abundamiento sobre el desarrollo jurisprudencial del interés legítimo dentro del sistema procesal constitucional mexicano, sugiero consultar: FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos difusos y colectivos”, 2a ed., México, Porrúa, 2004

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