octubre 1, 2012

La importancia de llamarse Enrique

El 1 de diciembre, el ciudadano Enrique Peña Nieto será investido como jefe del Estado y gobierno mexicano. En sus propias palabras, recibirá “una economía con bases sólidas” de la gestión de Felipe Calderón. El presidente electo nos prometió un país que no será fácil de lograr. En principio, utilizará su capital político para impulsar ante el Congreso de la Unión, tres iniciativas de ley que dio a conocer durante su campaña.

Diez días después de ser encarado por los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, el equipo del hoy presidente electo publicó el “Manifiesto: Por una Presidencia democrática[1]” en su página de internet. En el documento, Enrique Peña se comprometió a encabezar una presidencia moderna y eficaz; conciliadora y que sepa escuchar. Menciona también ser parte de “una generación que ha crecido en una cultura democrática y quiere seguir viviendo en la democracia”. La mayoría del documento no tiene relevancia, es típica retórica política; pero hay tres iniciativas en éste que se han posicionado rápidamente como reformas prioritarias para Peña Nieto: la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción; ampliar las competencias del IFAI; y crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación.

Sobre la tentativa de una Comisión Nacional Anticorrupción, Peña Nieto dijo al periódico Reforma que la iniciativa será eliminar la actual Secretaria de la Función Pública y crear dicha Comisión. Sería autónoma, con personalidad jurídica y tendría facultades para sancionar a los funcionarios corruptos; independiente para decidir su presupuesto y estaría compuesta por cinco comisionados (propuestos por el presidente y aprobados o rechazados por el Senado) con un periodo de siete años cada uno sin opción a reelegirse. Tendría “capacidad de actuar ante casos de corrupción gubernamental en el nivel federal, estatal y municipal, a partir de denuncias ciudadanas (anónimas)”. Todo suena muy bien, estoy más que de acuerdo con su autonomía. El problema de siempre de la difunta Secretaria de la Contraloría y la subsecuente e inútil Secretaria de la Función Pública fue y ha sido precisamente este, estar atadas al mandato presidencial sin un gramo de autonomía, siendo el gobierno federal evaluando y vigilando al gobierno federal, ridículo. Ciertamente, el hecho de darle independencia y tener un consejo de cinco comisionados, hace que en efecto esté menos atada a decisiones políticas, pero hay una sensación de ambigüedad en sus funciones que no me tranquiliza. La tentación de que sea usada para persecución y presión a funcionarios federales, gobiernos estatales o municipales, será siempre un riesgo latente. Habrá que esperar a verla en funciones para emitir un juicio objetivo; mientras tanto, no me termina de convencer.

La segunda iniciativa me parece buena y necesaria: dotar al IFAI[2] (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos), de “más dientes” para garantizar nuestro derecho de acceso a la información pública gubernamental, ya no solo en el gobierno federal, sino también en los gobiernos estatales, municipales, el Poder Legislativo y el Judicial (aunque en lo personal, creo que también debería incluir a partidos políticos y sindicatos públicos). Es tiempo de dar mayor transparencia a los demás órdenes de gobiernos y los otros dos Poderes de la Unión. Por ejemplo, hace unos días, los cinco coordinadores parlamentarios de la Cámara de Senadores se repartieron 34.6 millones de pesos que les corresponden oficialmente para “contratar asesores, personal de prensa y diversos trabajadores de apoyo”, pero en realidad lo pueden gastar en lo que sea, no están obligados a hacer pública la forma en que gastan el dinero que les entrega el Senado. Y ya no digamos de los gobernadores y los alcaldes, son mucho peores, gastan cuantiosas sumas de dinero en quien sabe qué, provocando no solo derroche e ineficiencia, sino la quiebra de sus estados, recordemos los casos de Michoacán[3] o de Tlaxcala[4]. La transparencia en un gobierno nunca está de más, así que creo y espero que prospere esta iniciativa.

En cuanto a la “instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación”, creo que podría ser un primer paso para terminar con la turbia, corrupta y multimillonaria relación de los medios masivos de comunicación con la clase política (personalmente, creo que con algunas nuevas atribuciones, el propio IFAI podría encargarse de esto, se podría aprovechar su experiencia en temas de transparencia y su estructura burocrática, dándole un uso más eficiente a los recursos). Desde hace ya cientos de años, los medios masivos son fuerzas políticas muchas veces más influyentes que los poderes formales, su influencia en la gente es descomunal y el éxito mismo de los políticos es, muchas veces, por mera publicidad agresiva y constante. Esta relación “presencia en medios = éxito político” ha generado un mercado de propaganda política en medios masivos nunca antes visto; los políticos demandan y los medios ofrecen. El pequeño problema es que es con dinero público. Cualquier paso que regule, transparente y fomente el acceso del ciudadano a la información pública creo que debe ser bienvenido.

Si bien estas tres iniciativas responden a la coyuntura postelectoral que atravesó y atraviesa el país, son propuestas sobre temas de la mayor relevancia. México está deseoso y necesitado de políticas que permitan fortalecer su democracia y hacerla más trasparente. La elección quedó atrás, y desde el 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto será Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y nosotros, los ciudadanos, debemos ser vigilantes del cumplimiento de los compromisos que asumió en campaña. Una Presidencia por sí sola no puede sostener una democracia, necesita de ciudadanos informados, críticos y participativos.

Alonso Tamez Vélez

Estudiante de Mercadotecnia. Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México.


[1] http://www.enriquepenanieto.com/dia-a-dia/entrada/por-una-presidencia-democratica-manifiesto/

[2] Durante el Gobierno de Vicente Fox se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual incluyó la creación del IFAI.

[3] http://noticias.prodigy.msn.com/nacional/michoac%C3%A1n-no-est%C3%A1-endeudado-est%C3%A1-en-quiebra-vallejo

[4] http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=838812

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