enero 22, 2014

¿Quién toma las decisiones en materia ambiental?

Jorge Liber Saltijeral Giles
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Imaginen que la Secretaría de Salud estuviera presidida por un arquitecto,  la Secretaría de Economía a cargo de un mercadólogo, la Secretaría de Defensa Nacional  por un licenciado  en comercio exterior,  la Secretaría de Hacienda por una secretaria.  Pues estos casos distópicos no se alejan mucho de la realidad. Los temas en materia ambiental están a cargo de un puñado de personas carentes de cualquier bagaje en el tema.

La necesidad de la interdisciplina en los temas ambientales

El siguiente texto  tratará de reflexionar  el porqué de la necesidad e importancia  de tener al mando de la política ambiental a personas con perfiles profesionales afines a los temas  que aquejan al país en este rubro.

Hoy los problemas ambientales  más que una  problemática ecológica  son  una  problemática social, política y económica. Son el resultado de un modelo de desarrollo, de un sistema extractivista e impersonal con la naturaleza.

Debido a la complejidad de factores que inciden en este tema, el negar la interdisciplinariedad de los problemas ambientales nos llevaría a admitir  que estos no tienen nada que ver con el modelo de desarrollo actual, que las deficiencias en la materia no son provocadas (aceleradas) por acciones de origen antropogénico. Es por ello que en la discusión y toma de decisiones de  los temas ambientales tienen cabida todos los perfiles profesionales, desde un abogado hasta un arquitecto. Para desgracia de los tomadores de decisiones, la interdisciplina no se adquiere por osmosis, sino que  se construye.

¿Quién toma las decisiones?

La toma de decisiones en materia ambiental  pasa por 2 vías principales:

  1. La vía legislativa
  2. La vía administrativa

La vía legislativa:

El poder legislativo (diputados y senadores) se encarga de hacer las leyes que regulan los temas ambientales; para esto, las dos cámaras están divididas en comisiones que tienen el cometido de estudiar y analizar los proyectos de ley o decreto y los asuntos que les sean turnados con el objeto de elaborar los dictámenes o informes.

La Cámara de Diputados tiene diversas comisiones de interés ambiental, en este texto solo nombraré dos de ellas (Medio Ambiente y Recursos Naturales y Desarrollo sustentable). Al igual que la cámara de diputados, la de senadores también cuenta con comisiones,  de las cuales solo citaré una de ellas (Medio Ambiente y Recursos Naturales).

Estas comisiones están integradas por diversos legisladores, los cuales, según los reglamentos para su conformación, los grupos parlamentarios privilegiarán la experiencia y la idoneidad de cada uno de sus integrantes para el mejor aprovechamiento de sus capacidades en el trabajo legislativo.[1]

Evidentemente ningún grupo parlamentario  hizo una ponderación de la idoneidad de los integrantes de dichas comisiones, ya que éstas se enceuntran integradas por legisladores con perfiles totalmente ajenos a los temas ambientales; desde mercadólogos, secretarias, contadores públicos y algunos  carentes de estudios universitarios, según las propias páginas de las cámaras. Muchos de los currículos de los integrantes se limitan a experiencias dentro del ya corrompido sistema político mexicano (ex-secretarios de sindicatos, delegados partidistas, etc.).

A continuación una lista de los integrantes de dichas comisiones:

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La vía administrativa:

 

De la vía administrativa se desprende la  SEMARNAT  y de esta secretaría se originan  otras subsecretarías y los diversos  órganos desconcentrados y descentralizados (CONAGUA, INE, CONAFOR, CONANP, PROFEPA Y CONABIO).

 

La SEMARNAT está facultada por la legislación federal para formular y aplicar las políticas ambientales; sin embargo, si le damos una leída a la Ley  Orgánica de la Administración Pública Federal  [2] (que es la que establece las facultades y alcances de cada Secretaría de Estado) nos daremos cuenta que en la mayoría de los casos la acción de la SEMARNAT está supeditada a otras instancias, como gobiernos locales, otras secretarías o simplemente sus facultades no alcanzan más que para evaluar, sugerir, fomentar, proponer  y otra serie de atribuciones que en ningún caso son vinculantes y por lo tanto no tienen manera de repercutir de una manera directa en las decisiones ambientales.

 

En el contexto de la falta de preparación en temas ambientales de los funcionarios a cargo de dichos temas, nos damos cuenta de que la SEMARNAT está presidida por un ingeniero mecánico electricista con experiencia en la producción de autobuses, camiones y  tractocamiones,  cuyo único ¨mérito¨ para ostentar dicho puesto fue haber sido el primer jefe de Peña Nieto en la administración pública del Estado de México.

 

El caso de CONAGUA no es muy diferente. Si bien su titular tiene experiencia en el tema, las políticas en esta materia privilegian el uso industrial de este recurso en lugar de promover su uso público; además, la línea de trabajo de CONAGUA está orientada a mitigar paulatinamente el deterioro del agua y no en prevenir y evitar las afectaciones que causa la proliferación de las industria minera, carretera, refresquera, etc.

 

La PROFEPA, que tiene como función primordial ¨incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental¨ está a cargo de Francisco Moreno Merino, un abogado con nula experiencia en temas ambientales pero con una extensa trayectoria partidista: Delegado del IMSS, Secretario Particular del Dirigente  Nacional del SUTERM y Líder Nacional de la CTM, Delegado de BANOBRAS, miembro del PRI, consejero político municipal, estatal y nacional.

 

La excepción:

 

La CONABIO, CONAMP y el INE están presididos por gente con gran conocimiento del tema, gente que alcanza a vislumbrar las necesidades en materia ambiental del país; sin embargo, esto se ve limitado por lo dicho anteriormente acerca de los alcances y atribuciones de los estudios  que realizan estas dependencias,  ya que, al no ser vinculantes con las decisiones en materia ambiental, su acción se ve traducida en un importante cúmulo de recomendaciones que en casos excepcionales llegan a influir de manera real en el rumbo ambiental del país.

 

En conclusión, las decisiones en materia ambiental están a cargo de gente que no tiene las más mínima idea de lo que está haciendo, gente que llegó a esos puestos por favores y deudas políticas, gente que el ejecutivo colocó en esa posición con el claro objetivo de facilitar el deterioro premeditado del ambiente disfrazado de verde y adornado con indumentaria sustentable.

Jorge Liber Saltijeral Giles es estudiante de Biología de la UAM-Xochimilco

 

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