octubre 24, 2013

El INE según un diputado del PAN

Jaime Hernández Colorado
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El pasado once de agosto el periódico Reforma, en su sección “Enfoque”, publicó un artículo del diputado federal del Partido Acción Nacional Fernando Rodríguez Doval. El artículo, intitulado “Por qué un solo instituto electoral [sic]”, no tiene desperdicio y viene bien mirarlo con detalle. El autor pretende ofrecer en él no sólo una batería de argumentos que sostengan la propuesta que en estos días ocupa el debate político, sino también un cuerpo de premisas que descalifiquen a aquellos que han criticado ese proyecto. Sobre el mismo tema se han publicado artículos esenciales como el de María Amparo Casar, “Federalismo de utilería”,  en Excélsior el nueve de octubre. Y el de Jorge Alcocer el quince del mismo mes en Reforma, titulado “IFE reforzado”.

Al margen de las formas, que no ocupan a una visión rápida, interesa el fondo del artículo, por ser rica materia de reflexión. El primer detalle de que nos apercibe el diputado es que ha habido en México una “democratización a nivel federal”, no así en el ámbito estatal de algunas entidades federativas. Sin entender demasiado la lógica del argumento, se puede intuir que hablamos no ya de dos planos —federal y estatales—, sino de dos países distintos y —gracias a la valiente revelación del diputado—, a dos realidades contrapuestas y enemigas entre sí. Palabras llanas: hay democracia en el ámbito —que no el nivel— federal, no hay democracia en el ámbito estatal. Y concede el diputado que no en todas las entidades. Desde luego, ha de imaginar el lector, aquellos estados a los cuales no se refiere el artículo son los que han gobernado o el PRD o el PAN. He aquí la primera confusión del diputado, que será transversal al artículo: asume que la alternancia o, para más claridad, el cambio de un signo político a otro en los puestos de elección popular es condición necesarísima de la democratización. Y no. Todo parece indicar, al menos hasta el momento, que la condición primordial de la democracia es la competencia aparejada a la posibilidad de que ganen unos o ganen otros.

En el quinto párrafo, el diputado cita al profesor Andreas Schedler para afirmar que “los grupos que buscan perpetuarse en el poder” echan mano de “el fraude electoral, la represión, la inequidad en la contienda y la manipulación de actores y reglas” durante las elecciones. Verdades como templos. Y luego nos reseña que en entidades como “Veracruz, Hidalgo, Aguascalientes, Tlaxcala, Coahuila o Quintana Roo”, en sus recientes procesos electorales, “existió manipulación desde la forma de integrar las casillas hasta irregularidades muy graves en el conteo de los votos”. Hay dos puntos para destacar de esta parte. Primero, a Schedler no le falta razón en decir lo que dice. Segundo, extrañamente, a todos los estados señalados por el diputado los gobierna el PRI. Es necesario asumir que esos deleznables vicios no se reproducen en los estados que gobiernan el PAN y el PRD, los cuales, coincidentemente, constituyen un número bien reducido.

Urge el diputado a analizar con seriedad y sin prejuicios la propuesta de creación del Instituto Nacional Electoral. Hay que asumir también que los prejuicios a los cuales se refiere son aquellos pensamientos que atribuye a “algunos doctrinarios” que se preocupan por el federalismo. Señala que la propuesta no vulnera el federalismo, pues “el pacto federal está en constante desarrollo y numerosas competencias que antes eran de la Federación ahora lo son de los estados, y viceversa, en aras de la eficiencia administrativa”. Sin embargo, el hecho de que el pacto federal esté en constante desarrollo —lo cual podrá pasar en Estados Unidos, con la gravedad de la frase, pero muy pocas veces en México— no es argumento que le pueda plantar cara al de la vulneración de la autonomía electoral de las entidades. En el tema de las competencias lleva razón. Con la salvedad de que las competencias, las fiscales, por pensar en unas, se han delegado más por ausencia de interés de las entidades por recaudar que por eficiencia administrativa, lo que las ha llevado a una carencia de profesionalización en el tema.

Otro aspecto que recordar es que las entidades federativas tienen competencias residuales, es decir, aquellas que no atañen a ningún otro orden de gobierno. Y esto se empata con la necesidad de tener en cuenta que la delimitación de competencias es un mecanismo para evitar que las esferas de gobierno se superpongan. Es decir, la determinación de competencias existe para delimitar la acción de cada orden de gobierno en asuntos que podrían serles de interés a los tres. Ergo, las elecciones estatales no son una competencia, son un negocio interior de las entidades federativas que no debería serles regateado.

Como muestra de que no es tentación de volver a aquello que inspiró a Emilio Rabasa su libro La constitución y la dictadura (México, Revista de Revistas, 1912), el diputado nos hace saber que ya existe un registro federal de electores y una credencial para votar expedida por el IFE. Y que ambas cosas son ejemplos de que, hasta ahora, nadie se ha llamado a asombro por intenciones centralistas. Es verdad: ambas cosas existen, pero sus alcances respetan el ámbito federal, pues ambos elementos fueron aceptados unánimemente en tanto favorecen el ejercicio de las elecciones federales y, de forma incidental, las estatales. No fueron admitidas porque su centralidad fuera cómoda, sino porque pretender duplicarlas con instrumentos estatales habría sido demasiado costoso. Y los costos, paradójicamente, son una de las razones que ahora dan los defensores del hipotético INE.

Huelga detenerse en la ejemplificación internacional que hace el autor, de federalismos que han implementado iniciativas similares a la de su partido. Habla de Canadá y Brasil. Los conocedores de ambos países sabrán que, aunque parezca un lugar común, la comparación de México con esas dos naciones es de casos más diferentes, desde cualquier óptica. Valga sólo remitir a La diputación provincial y el federalismo mexicano (México, El Colegio de México, 1955) para dejar en claro que los argumentos que pueden dar los “ortodoxos” del federalismo no son necedad ni empecinamiento doctrinario, sino que tienen sustento en la trayectoria histórica mexicana.

Después de una clase de ortodoxia administrativa, el diputado dedica el párrafo diez a descalificar el trabajo de los institutos electorales estatales, llamándolos “amateurs”, “ineficaces” y “poco profesionales”, sin ofrecer al lector más evidencia empírica que afirmaciones de la misma gravedad que los adjetivos señalados, en un razonamiento tautológico.

En el siguiente párrafo, el autor habla de la necesidad de reducir los gastos de operación de 33 estructuras electorales (una federal y 32 estatales). El IFE, nos dice, tiene un gasto para 2013 de 11 mil millones de pesos. Y los institutos electorales uno de 7 mil millones. En esos términos, el asunto es absolutamente escandaloso. Omite mencionar el diputado que, existiendo el INE, el gasto operativo de la estructura nacional no será de 11 mil millones (o sus ajustes naturales), sino mucho mayor, pues tendrá que atender las elecciones —y demás ejercicios de participación ciudadana— de todas las entidades federativas. También omite otro asunto pequeñísimo: de esos 11 mil millones de pesos que gasta el IFE, 3742.8 (más de un tercio del total) corresponden a “Financiamiento público a partidos”. Y, por consiguiente, de los 7 mil millones de los institutos estatales también una proporción nada desdeñable corresponde al rubro destinado a partidos políticos. Así, en el argumento de la pertinencia del INE por ahorro, se evidencia que si en un mismo plano colocamos a los institutos electorales estatales y a los partidos políticos como generadores de gasto estratosférico, están en las mismas condiciones. Es decir, con esa estructura argumentativa, el diputado bien podría sugerir que se supriman los partidos políticos o, menos grave, que se acabe con el financiamiento público a éstos.

En sus tres últimos párrafos, el articulista llama la atención del lector al señalar que la pertinencia de un instituto de carácter nacional es evidente, pues hay que erradicar la posibilidad de influencia electoral de los gobernadores y los “poderes fácticos locales”. Y es cierto, idealmente debería poder erradicarse la influencia de esos actores. Pero, queda al sentido común —ni siquiera al debate—, develar si el INE será inmune a la influencia de actores nacionales que suelen tener bastante mayor capacidad de influir que los gobernadores.

Al final, el autor reitera la idea errónea mencionada. Dice, apoyándose en Wayne Cornelius, que el Estado mexicano debe garantizar la llegada de la democracia a todos los puntos del país, en el entendido que “las entidades federativas han resultado obstáculos para la completa transición a la democracia en México”. Al margen de lo lapidario de la frase, hay que volver a la equivocación primigenia sobre la que se construyó este artículo: la democracia no es competencia, ni posibilidad de todos los partidos de acceder al poder, no. Según el diputado Rodríguez la democracia es cambio de partidos en los puestos de elección popular. Llanamente: el autor quiere un INE para que todos aquellos estados que sigue gobernando el PRI tengan gobernadores de otros partidos. Suponemos que lo mismo para los municipios.

De suerte tal que con este tipo de argumentos, nadie debería dejarse convencer de las bondades del INE, porque son tautologías, medias verdades, falacias y encendidas arengas que ignoran la base histórica del federalismo mexicano y que responden a situaciones coyunturales.

Y ya lo dijo Jorge Alcocer: “Al lado del «IFE reforzado», requerimos institutos electorales locales verdaderamente autónomos. Hay que llevar a la Constitución normas comunes para la elección de consejeros electorales locales, poniendo un alto a las prácticas que los han debilitado. Requisitos, plazo de mandato, inamovilidad, remuneración, método, deben ser llevados a la Carta Magna para fortalecer el sistema electoral federal”.

Para concluir, es asombroso que estos cinco renglones de Alcocer digan más que todo el artículo del diputado Rodríguez Doval, pues entrañan en sí una propuesta de reforma política, para la cual ni es necesario inventar el hilo negro, ni hacer el vacío a historias institucionales que no desmerecen un piropo.

Jaime Hernández Colorado. Asistente de Investigación en El Colegio de México.

@jhcolorado

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